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El Premio Rafto es un premio de derechos humanos que se otorga cada año en Noruega. Se estableció después de la muerte del profesor Thorolf Rafto en 1986, en agradecimiento por su obra para ayudar a los oprimidos y perseguidos.

El premio Rafto contribuye a crear conciencia sobre la importancia de observar de cerca las  violaciones de los derechos humanos y a las personas y comunidades que necesitan la atención del mundo.

Este año 2010, el premio ha sido otorgado al arzobispo mexicano José Raúl Vera López por su lucha por los derechos humanos y la justicia social en México.

Raúl Vera se ha caracterizado por ser “uno de los críticos más valientes contra las violaciones de derechos humanos en el México de hoy, exponiendo los abusos de las fuerzas armadas y denunciando que la militarización creciente de la vida política en México se ha hecho bajo el paraguas de la guerra contra la delincuencia organizada, la que en realidad a menudo se dirige hacia jornadas de protesta organizadas por los pobres y los sindicalistas”.

Aunque comparte el rechazo contra la sed de poder y la violencia de los carteles de la droga, Raúl Vera critica los métodos utilizados por la policía y las fuerzas armadas en su lucha contra la delincuencia, así como el fracaso para hacer frente a las causas sociales subyacentes. Él insiste en que las instituciones del poder – el ejército, el gobierno, las empresas mineras privadas y las autoridades políticas en todos los niveles – tienen que rendir cuentas y hace hincapié en que los grupos vulnerables de la sociedad deben ser conscientes de sus derechos. Como una herramienta fundamental en la sensibilización y la capacitación, fundó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

El dramático incremento de violaciones de derechos humanos contra las mujeres y la impunidad de los miembros del Ejército es un problema grave. Raúl Vera ha puesto en conocimiento la forma en que personal  militar de manera sistemática  viola prostitutas y la ola de asesinatos que en los últimos 15 años ha costado la vida de cientos de mujeres jóvenes en la región de la frontera  y particularmente en Ciudad Juárez. El gobierno ha fracasado en dar protección  a estas mujeres y perseguir a los delincuentes.

En una entrevista con Frontera NorteSur en marzo de este año, el obispo Vera acusó a la policía mexicana y a los representantes del Instituto Nacional de Migración de ser parte de una red criminal que secuestra a los migrantes en ruta a los Estados Unidos. El ha denunciado que esa red  tortura a sus víctimas, obligándolas a revelar nombres de sus familiares, para  luego hacer demandas de rescate que oscilan entre 6.000 y 8.000 dólares americanos. Si los familiares no pagan, las víctimas se ven entonces obligadas a vender sus órganos. (más…)

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